Bobadilla recontrata a abogado pitutero

       En el Oficio E192559/2025, la Contraloría General de la República, hacía ver a la Alcaldesa de Quilicura una clara falta a estamentos de las leyes 18.695 y 18.884, tanto por faltas notables a la probidad como la necesidad de iniciar un sumario administrativo a 4 abogados contratados por la municipalidad, la razón ??? Los profesionales ejercían trabajos particulares (pitutos) en horario laboral, por lo que el órgano contralor indicaba a la autoridad comunal el inicio de una investigación y correspondiente sanción a Eduardo Guerrero Tapia, Diego de la Cruz Urra, Daniela Quiroz Becerra y el objeto principal de esta nota, Pablo Llanos Quezada. En resumen, la causa quedó en nada puesto que al momento de la emisión del Oficio de la Contraloría mencionado, los 4 profesionales ya no prestaban servicios para el DEM y el Dpto. de Jurídico de la Municipalidad. Sin embargo, queremos informar a la comunidad, de manera clara y con los respaldos correspondientes, que uno de estos abogados, Juan Pablo Llanos Quezada, representó al municipio en causas contra dirigentes comunales y medios locales, entre los cuales, también nosotros estuvimos incluidos, todo esto con fondos municipales y en horario laboral. Todo lo anterior, y contradiciendo plenamente a las indicaciones plasmadas en el Oficio CGR de Noviembre del 2025, la Alcaldesa Bobadilla, volvió a contratar en abril de este año al cuestionado Profesional para un cometido similar al que tenía antes de ser apartado del municipio, las funciones específicas de Llanos son “Apoyo profesional como abogado de la municipalidad en materias tales como asesoramiento legal y representación en procesos judiciales”, es decir, tendrá la facultad para abordar causas contra la ciudadanía y los medios de la comuna que no se enmarquen en la línea editorial de la actual administración y todo esto, con un sueldo nada despreciable de $1.250.000. Publicamos la presente nota para alertar a la comunidad y los medios locales acerca de lo que tranquilamente se podría interpretar como una estrategia para silenciar la voz de todos y todas los que pretendan denunciar u oponerse a los designios de la actual alcaldesa que paradójicamente se autodenomina como ciudadana. Adjuntamos los documentos que respaldan nuestra publicación.

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